1. Las importantes reformas y las enérgicas y amplias medidas de ajuste que acompañaron la implantación del Plan de Convertibilidad en 1991 dieron paso a un proceso de modernización y rápido crecimiento de la economía argentina. Este proceso, que contó con el respaldo de tres acuerdos sucesivos del FMI, se vio interrumpido por las graves repercusiones de la crisis cambiaria de México a fines de 1994, pero la economía demostró su capacidad de reacción y a mediados de 1996 se inició una vigorosa recuperación. El PBI real, que había disminuido un 4,6% en 1995, tras haber aumentado un 35% en el período 1991-94, creció el 4,3% en 1996 y, según las proyecciones, registrará un crecimiento de alrededor del 8% en 1997. Esta expansión obedeció, en particular, al dinámico crecimiento de la inversión. La recesión de 1995 provocó un fuerte aumento del desempleo, pero más recientemente se reanudó el crecimiento del empleo; los resultados preliminares de la encuesta de octubre de 1997 indican que la tasa de desempleo, que en mayo de 1995 había alcanzado un pico de 18,4%, descendió por debajo del 15%. La inflación se mantuvo en un nivel cercano a cero en el período 1996-97.
2. Como consecuencia de la aceleración de la demanda interna y las importaciones, sobre todo de bienes de capital, y de algún deterioro en los términos de intercambio, el déficit de la cuenta corriente externa (según la definición del FMI) aumentó del 1,5% del PBI en 1995 al 1,9% en 1996 y a alrededor del 3½% del PBI en 1997. Aproximadamente la mitad del déficit en cuenta corriente se financió mediante la inversión extranjera directa. A su vez, la balanza de pagos global ha arrojado superávit desde 1996 y las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron de US$13.000 millones en plena crisis de 1995 a un total de US$28.000 millones (incluidos los requisitos de liquidez que los bancos comerciales mantienen en el exterior) a octubre de 1997. En el mismo período, los depósitos bancarios también crecieron con rapidez, y actualmente se sitúan un 40% por encima del nivel que registraban antes de la crisis. Estos resultados no se vieron afectados por la turbulencia que agitó a los mercados mundiales de capital a fines de octubre de 1997. Como principal consecuencia de esta agitación han quedado parcialmente revertidas las fuertes alzas que habían registrado las cotizaciones de las acciones y los bonos públicos desde comienzos de 1995 y la acusada reducción que había sufrido la prima por riesgo país en el mismo período.
3. Pese a la restricción del gasto, la situación fiscal se deterioró en 1995-96 debido al impacto de la recesión económica y al costo presupuestario de la reforma del sistema de seguridad social introducida en 1994 (costo que se estima en alrededor del 1% del PBI anual). El déficit del gobierno federal aumentó de Arg$1.300 millones en 1994 a Arg$3.900 millones en 1995 y a alrededor de Arg$6.000 millones (2% del PBI) en 1996. A fines de 1996 el Gobierno adoptó nuevas medidas para fortalecer las finanzas públicas, entre las que se incluyen un aumento del impuesto a los combustibles, modificaciones del impuesto a las ganancias y el mantenimiento de un control estricto de los gastos no correspondientes a intereses. Como resultado, se proyecta que el saldo primario del gobierno federal aumentará más de un punto porcentual del PBI en 1997, lográndose así un superávit de alrededor de Arg$2.500 millones (0,8% del PBI), y que el déficit del gobierno federal disminuirá a unos Arg$3.000 millones (menos del 1% del PBI). Incluidos los costos derivados de la reforma de la administración pública y la transferencia al ámbito federal de las cajas de jubilaciones provinciales, se proyecta que en 1997 el déficit será del orden de Arg$4.500 millones (1,4% del PBI). Según las proyecciones, las necesidades de financiamiento de las provincias se reducirán en dos tercios, situándose así en unos Arg$500 millones en 1997.
4. Diversas medidas adoptadas desde la crisis de 1995 han contribuido a fortalecer el sistema bancario. Muchas entidades financieras se han fusionado, han sido liquidadas o se les ha exigido que aumenten su capital, y se han privatizado varios bancos provinciales. Esta reestructuración estuvo acompañada de grandes inversiones directas de instituciones financieras extranjeras en bancos locales. Como resultado, el número de bancos se ha reducido alrededor del 20% desde 1994, la proporción del total de depósitos que se concentra en bancos de propiedad extranjera ha aumentado del 16,5% en 1994 a alrededor del 40% en 1997 y, en promedio, los coeficientes mínimos de capital del sistema bancario (medidos según los criterios de Basilea) se han incrementado del 18,2% en diciembre de 1994 al 20,1% en julio de 1997. La calidad de los activos del sistema ha mejorado notablemente, dado que la proporción de préstamos en mora en el total de préstamos (sin considerar las previsiones pertinentes) ha bajado del 16% en el apogeo de la crisis en 1995 al 11% en julio de 1997. Además, la situación de liquidez de los bancos ha mejorado sensiblemente, en parte debido a que se elevaron del 16% al 19% los requisitos de liquidez remunerados, que remplazaron a los coeficientes de encaje legal en 1995. Además, se negoció una línea de crédito contingente con bancos comerciales extranjeros para proporcionar asistencia inmediata con fines de liquidez al sistema bancario por un monto de hasta US$6.100 millones en caso de que se produjera una crisis. Asimismo, en 1995 se implantó un sistema de garantía de depósitos financiado por el sector privado. Por otra parte, el Banco Central recuperó los redescuentos pendientes de rembolso con el objeto de reforzar su capacidad para proporcionar liquidez a los bancos en la eventualidad de una crisis, y la Tesorería recompró parte de los bonos del Estado en poder del Banco, con lo cual la cobertura de la base monetaria mediante las reservas internacionales del Banco superó el 100%.
5. Las reformas introducidas desde 1991 fortalecieron la competitividad internacional de la Argentina, sobre todo como consecuencia de una fuerte reducción de los costos, la renovación del stock de capital del país, el amplio alcance de la desregulación y la reducción de los aranceles y los impuestos a la exportación. En términos reales efectivos, el tipo de cambio se apreció en los primeros años del Plan de Convertibilidad, pero en 1994-96 se depreció un 8%, principalmente debido a que la inflación de precios al consumidor creció a menor ritmo que en los países con que comercia la Argentina. En los últimos meses, el alza del dólar de EE.UU. frente a otras monedas ha parcialmente revertido esta tendencia. No obstante, la competitividad internacional sigue siendo adecuada, lo cual se refleja en el crecimiento sostenido de las exportaciones de productos manufacturados.
6. Tras reabrirse el acceso a los mercados internacionales de capital después de la crisis de 1995, el Gobierno pudo extender el plazo de vencimiento de las nuevas emisiones de deuda pública argentina, reduciendo al mismo tiempo el margen de las tasas de interés. El vencimiento promedio de las nuevas emisiones de deuda se amplió a 10 años en 1997, en comparación con tres años en 1994. El margen promedio de las tasas de interés había bajado a menos de 200 puntos básicos a mediados de 1997 y, aunque volvió a ampliarse tras los recientes sucesos en los mercados de capital, se espera que se estabilice en niveles considerablemente más bajos que los vigentes en 1995. A fines de 1996 el Gobierno adoptó una política de obtención de préstamos anticipando sus necesidades de financiamiento efectivas. Esta política ha contribuido en gran medida a reducir el impacto de las turbulencias que afectaron recientemente a los mercados mundiales de capital, dado que para entonces el Gobierno había obtenido la mayor parte del financiamiento necesario para 1997. El sector privado adoptó un enfoque prudente similar y también logró mejorar las condiciones de su endeudamiento externo. Se produjo un cambio de sentido de los flujos netos de capital privado, y, según las proyecciones, se pasará de un egreso de US$3.500 millones en 1995 a un ingreso de capitales de US$6.000 millones en 1997, en los que se incluyen inversiones extranjeras directas por alrededor de US$6.500 millones.
7. Paralelamente a la recuperación económica se registraron nuevos avances en materia de reformas estructurales. En el ámbito de la administración tributaria, el Gobierno emprendió un programa de reestructuración y fortalecimiento de la administración de las Aduanas y de los ingresos internos y se aprobaron leyes que establecen sanciones más severas por evasión de impuestos. En lo que respecta al sistema de seguridad social, se redujeron los costos operativos mediante la imposición de requisitos más estrictos para otorgar las prestaciones en el marco de la administración nacional de la seguridad social (ANSeS) y del programa de prestaciones médicas para jubilados y pensionados (PAMI), recortes de personal, la renegociación de los contratos con los prestadores de servicios y el logro de una mayor eficiencia. En lo que atañe al gobierno federal, se adoptaron medidas para reformar la administración pública mediante la creación de una nueva estructura orgánica (en la que se eliminaron 45 secretarías y subsecretarías de Estado y varios organismos públicos descentralizados), la modificación de los procedimientos de auditoría interna y de la legislación administrativa, y la reforma de las normas que rigen el empleo público, mediante la cual se otorgó al gobierno mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos humanos. En el ámbito de las administraciones provinciales, las reformas se centraron en la reducción del empleo superfluo, la transferencia de los sistemas previsionales de las provincias al gobierno federal (lo cual entrañó, en la generalidad de los casos, una reducción de las prestaciones) y la privatización de algunos bancos y empresas públicas provinciales. En el sistema financiero, además de las reformas que ya se mencionaron, se establecieron nuevas reglamentaciones que imponen una mayor disciplina de mercado a las entidades financieras; entre otras normas, se establecieron requisitos más estrictos con respecto a la calificación de riesgos, se reforzó la función de los auditores externos y se estableció una central de información crediticia para facilitar la divulgación de información financiera.
8. En los próximos años, las políticas gubernamentales se orientarán a fomentar el crecimiento sostenible de la producción y el empleo, en condiciones de baja inflación y una situación externa viable, a mejorar la eficiencia de la economía en general y del sector público en particular, y a atender las necesidades sociales prioritarias. El mantenimiento del régimen de convertibilidad será un elemento fundamental para el logro de estos objetivos. En este contexto, será importante seguir mejorando las finanzas públicas y fortaleciendo el sistema financiero, así como profundizar las reformas estructurales y acelerar su ejecución. El respaldo del FMI mediante un acuerdo en el marco del servicio ampliado de la institución contribuirá a robustecer la credibilidad del marco de políticas formulado por el Gobierno. El arreglo tendría por objeto proveer recursos en caso de crisis ya que es la intención del Gobierno efectuar giros en el marco del acuerdo sólo si fuera necesario debido a circunstancias externas adversas.
9. El panorama a corto plazo se ve afectado por los sucesos recientes en los mercados financieros internacionales y su impacto en el crecimiento de los países que comercian con la Argentina. Por consiguiente, el programa se basa en la expectativa de que, en 1998, el crecimiento del PBI real se desacelerará significativamente con respecto al 8% proyectado para 1997, pero posteriormente repuntará hasta llegar a la tasa de crecimiento del producto potencial. El programa tiene por objeto mantener una tasa anual de inflación inferior al 2%, es decir, por debajo del promedio que se registra en los principales países que comercian con la Argentina. Como consecuencia del bajo nivel de inflación y del aumento que se espera en la inversión privada y la productividad, la competitividad internacional de la Argentina registrará una nueva mejora. Se espera que las exportaciones y la inversión crezcan a tasas muy superiores a las del PBI real, en tanto que el crecimiento del consumo privado, si bien se mantendría por debajo del crecimiento del PBI real, sería suficiente para generar una mejora continua de las condiciones de vida de la población.
10. Para lograr un financiamiento viable del crecimiento proyectado de la inversión, será necesario elevar el ahorro nacional a lo largo del período que abarca el programa, entre otros medios a través de un continuo ajuste fiscal. De esta manera, se facilitará el mantenimiento del déficit de la cuenta corriente externa en el orden del 3½% al 4% del PBI anual, previéndose que casi la mitad de este déficit se financiará con inversiones extranjeras directas. Si bien podría financiarse un déficit aún más alto si en los próximos años mejoran las condiciones en los mercados financieros internacionales, es intención del Gobierno evitar la mayor vulnerabilidad que entrañaría un mayor nivel de déficit. A tal efecto, el Gobierno seguirá atentamente la evolución de las cuentas externas y estará dispuesto a adoptar medidas correctivas si surgieran desviaciones desfavorables con respecto a la situación contemplada en el programa.
11. La política fiscal desempeñará un papel fundamental como medio para elevar el ahorro nacional y cimentar la confianza en la continua viabilidad del régimen de convertibilidad. Se ha fijado como objetivo que el déficit del gobierno federal, según se define en el presupuesto nacional para 1998, es decir, incluyendo en el mismo el costo de las reformas mencionadas en el párrafo 3 de este memorando, disminuirá de alrededor de Arg$4.500 millones (1,4% del PBI) en 1997 a Arg$3.500 millones (1% del PBI) en 1998 y a Arg$1.000 millones (0,25% del PBI) para el año 2000. Al mismo tiempo, se prevé que el déficit combinado de los gobiernos provinciales y de los fondos fiduciarios bajo control provincial, incluidos el destinado a vivienda (en el marco del FONAVI) y el destinado a infraestructura (creado con los fondos procedentes de la venta del Banco Hipotecario Nacional (BHN)), descenderá de una cifra estimada en Arg$800 millones (0,2% del PBI) en 1997 a un nivel cercano al equilibrio para el año 2000. Con estos resultados fiscales, y teniendo en cuenta la utilización de parte de los ingresos por privatizaciones y los efectos de la consolidación de determinadas obligaciones pasadas, la deuda pública global disminuiría más de un punto porcentual del PBI, sitúandose así en el orden del 34½% en el año 2000.
12. Según las proyecciones, en el período 1998-2000 el ingreso del gobierno federal crecerá en términos generales en consonancia con el crecimiento del PBI, previéndose que el fortalecimiento de los ingresos tributarios contribuirá a compensar la transferencia continua de los aportes y contribuciones de seguridad social a los fondos privados de jubilaciones y pensiones. La recaudación tributaria aumentará como resultado de las medidas mencionadas en el párrafo 13 en lo que respecta a la administración de impuestos y de la implantación, en enero de 1998, de un impuesto único de base presuntiva (monotributo) en remplazo del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias aplicable a las empresas de pequeña escala. Se espera que dicho impuesto, que simplificará el cobro y promoverá el cumplimiento tributario, reporte al gobierno federal una recaudación adicional equivalente a alrededor del 0,1% del PBI. Al mismo tiempo, el Gobierno, con la asistencia del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, ha iniciado las tareas encaminadas a reformar el sistema tributario con el objeto de lograr mayor eficiencia y equidad. En particular, la reforma se orientará a reducir el costo relativo de la mano de obra, eliminar las normas legales en vigencia para el impuesto a las ganancias que desalientan el financiamiento de las empresas mediante la emisión de acciones, y ampliar la base del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado. Para facilitar la implementación de la reforma tributaria, sin perjuicio de la actual distribución de los ingresos tributarios entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, las autoridades procurarán llegar a un acuerdo con las provincias sobre la modificación del régimen de coparticipación de impuestos y aplicar este régimen a una tasa uniforme para todos los impuestos y contribuciones afectados por la reforma, en lugar de aplicar tasas diferentes para los distintos impuestos como ocurre actualmente. La propuesta de reforma se remitirá al Congreso en el primer semestre de 1998. Se espera que el Congreso la apruebe antes del final de año, con lo cual la nueva estructura impositiva podría entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 1999.
13. El Gobierno ha emprendido un proyecto de gran envergadura para fortalecer la administración tributaria. Recientemente se ha creado un nuevo ente de recaudación de impuestos (la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP), con lo cual todas las áreas de la recaudación de impuestos se han concentrado en una sola organización en el ámbito federal. La AFIP ha formulado un plan de amplio alcance para elevar el nivel de cumplimiento tributario, que será implementado a lo largo de los próximos dos años. En el marco de este programa: a) se revisarán las sanciones y los intereses sobre las obligaciones tributarias en mora para facilitar la normalización de las relaciones de los contribuyentes con la AFIP; b) se respaldará el fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial en lo que respecta a la ejecución de deudas tributarias y se otorgarán a la AFIP mayores facultades para entablar juicios por evasión de impuestos; c) se privatizará el cobro de las obligaciones tributarias en mora para acelerar su recuperación; d) se perfeccionarán los procedimientos de auditoría tributaria, entre otras formas mediante la especialización sectorial de los inspectores de impuestos y una mejor focalización de las auditorías; e) se racionalizará el sistema de reintegros y rembolsos de impuestos, así como las retenciones, para facilitar los controles; f) se modernizará, con la asistencia financiera del BID, el sistema de información de la AFIP mediante la integración de los sistemas de datos de la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana y el sistema de Seguridad Social, y se ampliará la cobertura del sistema de procesamiento de datos sobre importaciones y exportaciones; g) se ampliará el alcance de los sistemas electrónicos de presentación de liquidaciones y pago de impuestos; h) se llevará a cabo un programa de capacitación para el personal de la AFIP; i) se gestionará ante el Congreso la aprobación de reformas para adaptar la legislación aduanera a lo estipulado en el acuerdo del MERCOSUR y las normas sobre valuación a lo estipulado en el tratado de Marrakesh, y j) se establecerá la inspección preembarque de las importaciones durante un período de dos a tres años.
14. Es intención del Gobierno proseguir la reforma de las operaciones presupuestarias para lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este campo, se han previsto las siguientes medidas: a) establecer un proceso presupuestario plurianual que esté operativo en 1999 a fin de contar con un plan de mediano plazo para el análisis y la evaluación de los programas presupuestarios; b) elaborar proyecciones anuales del costo presupuestario de los beneficios e incentivos fiscales para su inclusión en el presupuesto; c) mejorar los procedimientos de compra, entre otros medios a través de la adopción de un nuevo cuerpo de normas y la informatización de dichos procedimientos en 1998; d) establecer indicadores de eficiencia de los programas de gasto público, a partir de 1999, y e) modernizar el sistema informático de gestión del gasto público, aspecto que comprende la expansión del sistema integrado de información financiera (SIDIF) a fin de incluir las operaciones de los organismos descentralizados.
15. Se fomentará la transparencia presupuestaria mediante la incorporación en el presupuesto de las operaciones que actualmente se definen como extrapresupuestarias, o mediante la eliminación gradual de estas operaciones. En el presupuesto para 1998 ya se ha incorporado el programa mediante el cual se financia la transferencia al sistema nacional de algunas cajas de jubilaciones provinciales; por otra parte, se irán eliminando gradualmente los desembolsos financieros de los dos fondos fiduciarios para la capitalización de los bancos privados y de los bancos provinciales, respectivamente, y el fondo de reconversión laboral de los empleados públicos cesantes. Se han incluido explícitamente en el presupuesto de 1998 las operaciones generadoras de deuda, como el pago decretado por sentencia judicial de obligaciones pasadas del sector público (el programa de consolidación de la deuda) y el rembolso de deudas del PAMI y el INDER (el disuelto Instituto Nacional de Reaseguros). Se espera que con el tiempo disminuyan estas partidas, así como la capitalización de los intereses de determinados instrumentos de deuda pública.
16. Para facilitar la reducción del déficit del sector público prevista como meta, el Gobierno prevé contener el crecimiento del gasto federal no correspondiente a intereses, excluidas las transferencias obligatorias a las provincias, de modo que no supere el crecimiento del PBI. Como resultado, se proyecta que la relación entre el gasto no correspondiente a intereses y el PBI disminuirá del 12,3% en 1997 al 11,8% en 1998, y al 10,5% en el año 2000. Al mismo tiempo, el Gobierno procurará reasignar el gasto orientándolo al perfeccionamiento del capital humano, el alivio de la pobreza y la creación de la infraestructura necesaria. A tal efecto, el Gobierno está adoptando medidas en varios campos, tal como se describe en los párrafos 17 a 19.
17. En lo que respecta a la educación, los esfuerzos se centrarán en la implementación de la Ley Federal de Educación de 1993, el Pacto Federal Educativo de 1994 y el Plan Social Educativo de 1996. Mediante estas reformas se eleva el número de años de educación general básica obligatoria y se reestructura la educación secundaria para lograr una mayor armonización con la demanda del mercado laboral. Para la ejecución de estas reformas se requerirán un incremento de la inversión en educación, especialmente en el mejoramiento de la formación docente, la modernización del material didáctico y la construcción de nuevas escuelas. En el presupuesto de 1998 se contempla un aumento del gasto en educación de Arg$350 millones (0,1% del PBI). Asimismo, se está procurando obtener el respaldo del Banco Mundial para prestar asistencia a las provincias en la reforma del estatuto docente, con miras a generar un ahorro de recursos mediante un aumento de la productividad y elevar a la vez el nivel de formación profesional. Con la asistencia del BID, se ha establecido un programa de pagos (Becas Escolares) para que los hijos de familias de bajos recursos no abandonen sus estudios prematuramente para complementar el ingreso familiar. A fin de promover el perfeccionamiento y la modernización de la educación superior, el Gobierno tratará de establecer aranceles para los servicios no esenciales que prestan las universidades.
18. La reestructuración de los programas sociales, encaminada a orientar más eficazmente los recursos presupuestarios hacia los grupos más vulnerables, ha permitido lograr importantes avances en 1997 en lo que atañe al alivio de la pobreza. Es intención del Gobierno proseguir sus esfuerzos en ese sentido durante el período de vigencia del acuerdo, concentrándose particularmente en los siguientes programas: a) el programa de atención de la salud materno infantil para personas de bajos recursos (PROMIN); b) el programa alimentario para niños de bajos recursos (PRANI); c) asistencia para los chicos de la calle (PROAME); d) asistencia para personas de edad avanzada de bajos recursos (ASOMA); e) oportunidades escolares para adolescentes (programa de BECAS mencionado anteriormente); f) oportunidades de empleo para jefes de familia (TRABAJAR, respaldado por el Banco Mundial), y g) subsidios salariales para jefes de familia mayores de 45 años de edad. El costo presupuestario total de estos programas se estima en alrededor de 0,2% del PBI en 1998. Asimismo, se encuentran en marcha programas para proporcionar viviendas de bajo costo a un mínimo de 50.000 familias de bajos recursos por año, y para crear infraestructura básica en los 1.000 municipios más pobres. Como parte de la reestructuración de los programas sociales también se ha emprendido un proyecto para mejorar el seguimiento y la evaluación de estos programas (SIEMPRO, respaldado por el Banco Mundial) y para crear un registro unificado de familias que reciben asistencia social (SISFAM, respaldado por el BID).
19. Mediante nuevas reformas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) también se logrará una mayor eficiencia del gasto. Se prevé que antes del final de 1998 quedará concluida la reestructuración que se está llevando a cabo en la ANSeS, que incluye una reorganización administrativa, la adopción de medidas para recortar los gastos operativos y legales, el reentrenamiento del personal y el fortalecimiento de los controles. Se espera seguir avanzando para erradicar los casos de fraude en la obtención de prestaciones mediante la auditoría de las prestaciones, la prolongación del período utilizado como base para la determinación de las jubilaciones y pensiones, el perfeccionamiento del sistema de información de la ANSeS, y sobre todo la creación de un registro unificado de contribuyentes y beneficiarios, que se está llevando a cabo con la asistencia del Banco Mundial. Asimismo, se fortalecerán las finanzas de la ANSeS mediante el remplazo, recientemente aprobado, del aporte medio previsional obligatorio (AMPO) por un factor determinado anualmente en el presupuesto (MOPRE). Se modificará la prestación básica universal (PBU) del sistema jubilatorio y se reducirán los haberes jubilatorios máximos teniendo en cuenta los recursos del beneficiario, con miras a facilitar la redistribución de los recursos del sistema público de jubilaciones y pensiones orientándolos hacia los beneficiarios de menores ingresos. Asimismo, el Gobierno está adoptando medidas para ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. Además del régimen especial de jubilaciones privadas para amas de casa aprobado recientemente, en el que se establecen tasas de aporte reducidas, el Gobierno prevé implantar regímenes jubilatorios especiales para los trabajadores autónomos de bajos ingresos y para los trabajadores rurales. También se prevé adoptar medidas para que los trabajadores autónomos tengan acceso a prestaciones médicas, creando por esta vía mayores incentivos para que estos trabajadores se incorporen al sistema.
20. En los últimos años, el Gobierno ha llevado a cabo un programa integral de reforma y modernización del Estado, que contempla la reducción y reestructuración del personal de la administración pública. En los próximos años se mantendrán los esfuerzos en ese sentido, centrando la atención en las medidas necesarias para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos y mejorar la calidad de la gestión pública. Entre otras medidas, se formularán planes estratégicos para las principales entidades del gobierno nacional y se efectuará un seguimiento de la ejecución de dichos planes; se establecerá una mayor responsabilización de los administradores de entidades públicas, entre otras formas mediante audiencias públicas y rendiciones de cuentas; se tratará de lograr una mayor coordinación de los programas financiados por organismos internacionales y se establecerá un orden de prioridades para estos programas. Recientemente se ha presentado al Congreso una Ley de Empleo Público en la que se establecen los deberes y obligaciones, de los empleados públicos y se propone la reestructuración de los procedimientos de contratación y del sistema de evaluación del desempeño laboral. Asimismo, el Gobierno está preparando decretos en los que se establecerán normas sobre incompatibilidades funcionales, sumarios administrativos y responsabilidades patrimoniales de los empleados públicos. Además, se ha remitido al Congreso una nueva Ley de Ética en la que se establecen principios éticos más estrictos y sanciones más severas para los casos de corrupción. Una Oficina de Ética creada recientemente en el ámbito del gobierno federal tendrá a su cargo la aplicación de la nueva legislación en esta materia. Por otra parte, el Gobierno prevé simplificar las metodologías de control y auditoría y emprenderá un programa de capacitación de gran alcance para el personal del sector público que se desempeña en estas áreas.
21. Es intención del Gobierno seguir fomentando la apertura de los mercados y reduciendo las trabas que la carga regulatoria impone a la economía. A tal efecto, procurará que las provincias cumplan los compromisos asumidos en el Pacto Fiscal de 1993 sobre la ampliación de la desregulación a los ámbitos bajo jurisdicción provincial. Esta tarea comprenderá programas y asistencia técnica para reducir o eliminar las reglamentaciones y otros obstáculos que traban el funcionamiento de los mercados en lo que respecta, entre otros campos, a los servicios profesionales, los requisitos de habilitación, los horarios comerciales y los privilegios especiales en el comercio mayorista y el transporte. A fin de promover la competencia y lograr una mayor protección de los consumidores, recientemente el Poder Ejecutivo remitió al Congreso una nueva ley antimonopólica.
22. Desde 1991 el Gobierno ha llevado a cabo un programa de privatizaciones de gran alcance que abarca la mayoría de los sectores de la economía. Este proceso quedará prácticamente concluido durante el período de aplicación del programa al privatizarse u otorgarse en concesión la mayor parte de las empresas que permanecen bajo el control del gobierno federal. Específicamente, el Gobierno ha anunciado que es su intención privatizar el Banco de la Nación, el principal banco del país. En los próximos meses se realizarán estudios sobre las modalidades y oportunidad de dicha privatización con miras a presentar al Congreso la legislación autorizante. La privatización del Banco Hipotecario Nacional, que ya ha recibido la aprobación legislativa, se está llevando a cabo en etapas en el período 1997-1999. El Gobierno también prevé otorgar en concesión las frecuencias de telecomunicaciones, algunas plantas de generación de energía nuclear e hidroeléctrica y los aeropuertos nacionales. Al mismo tiempo, es intención del Gobierno emprender en 1998 una revisión integral del marco reglamentario de los servicios públicos privatizados, que incluirá, en caso necesario, la reestructuración de los organismos de fiscalización.
23. Las provincias han fortalecido significativamente su situación financiera en los últimos años y se espera que sigan desplegando esfuerzos en ese sentido de modo de llegar a una situación general de equilibrio para el año 2000, incluidos los gastos de los fondos fiduciarios provinciales (FONAVI y BHN). Para promover en las provincias un control más eficaz de los gastos y proporcionarles incentivos para que realicen una mejor explotación de su potencial de generación de recursos, el Gobierno fomentará la recopilación y difusión de información integral y actualizada sobre la deuda provincial, y seguirá condicionando la aprobación federal para la obtención de préstamos en moneda extranjera por parte de las provincias a la observancia de los indicadores de solvencia financiera. Dicha aprobación se otorgará fundamentalmente para préstamos destinados a financiar reformas estructurales de los gobiernos provinciales e inversiones en infraestructura necesaria o para refinanciar la deuda ya existente en mejores condiciones. El Banco Central seguirá velando por que las provincias cumplan las normas de prudencia vigentes al obtener préstamos de bancos comerciales. Según lo dispuesto en la Constitución de 1994, el gobierno federal y las provincias llevarán a cabo durante el período de vigencia del acuerdo una reforma integral del sistema de coparticipación de impuestos.
24. El Gobierno prevé seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública. Como parte de los esfuerzos encaminados a tal fin, es intención del Gobierno limitar el recurso a la deuda de corto plazo, que se mantendrá en un nivel no superior al 1,5% del PBI durante el período del programa. Un elemento clave de la política de gestión de la deuda será la adopción de mecanismos para amortiguar la insuficiencia temporaria de liquidez resultante de perturbaciones externas. En este contexto, el Gobierno prevé mantener durante el período del programa un colchón de liquidez equivalente a las necesidades financieras de un trimestre representativo. Seguirán desplegándose esfuerzos para desarrollar el mercado local de bonos públicos, y se espera que para el año 2000 más de la mitad de las emisiones anuales de deuda pública se coloquen en el mercado local.
25. La política monetaria se orientará a seguir reforzando la confianza en el sistema bancario interno, creando las condiciones necesarias para una mayor monetización de la economía y para un flujo de crédito suficiente al sector privado. A tal fin, el Banco Central tratará de reducir aún más sus activos internos netos mediante la recuperación continua de los redescuentos con fines de liquidez que aún se encuentran pendientes y la reducción de los créditos frente al Estado. Asimismo, en febrero de 1998 los requisitos legales de liquidez aplicables a los bancos volverán a incrementarse un punto porcentual, es decir al 20%, y se elevará al 80% la proporción de estos requisitos que los bancos comerciales están autorizados a integrar con activos que mantengan en el extranjero. Al mismo tiempo, el Banco Central tratará de obtener un aumento del monto de la línea de crédito contingente acordada con bancos extranjeros a fin de mantener una cobertura del 10% como mínimo del total de depósitos proyectados. A tal efecto, se está ampliando la gama de instrumentos utilizables incluyendo en la misma los préstamos hipotecarios "securitizados". Como resultado de estas medidas, se espera que el total de la cobertura de los depósitos bancarios con activos externos líquidos se eleve del 33% actual a un mínimo del 35% para el año 2000.
26. En el área de la reforma financiera, mediante la creación de cámaras de compensación automatizadas en todo el país -proyecto que actualmente se encuentra en la etapa final de ejecución- mejorará considerablemente la capacidad del sistema bancario para procesar los pagos, se reducirán los costos y se facilitará la expansión de la intermediación financiera. También se eliminará el riesgo de compensación que asumía el Banco Central ya que se exigirá la constitución de garantías sobre el total del saldo de cada banco. Las normas aprobadas recientemente por las que se exige a las empresas de más de 100 empleados que efectúen el pago de sueldos mediante cuentas bancarias también promoverán la intermediación financiera. Se están estableciendo normas prudenciales más estrictas en el área de la evaluación del riesgo de crédito y de mercado. El Gobierno también está elaborando una reforma de los códigos legales y de procedimiento para que las instituciones financieras puedan acelerar la ejecución de las garantías personales y reales. Se están revisando el régimen jurídico de los instrumentos financieros derivados y los mecanismos de supervisión pertinentes con el objeto de fomentar un adecuado desarrollo de estos instrumentos en el mercado de capital interno. Prosiguiendo los esfuerzos encaminados a mejorar la difusión de información sobre la situación financiera de los prestatarios bancarios y la divulgación de datos entre los bancos, el Banco Central está tomando medidas para que una amplia gama de agentes del mercado financiero tengan acceso a los registros. El Banco Central también ha introducido normas que establecen cláusulas uniformes para los préstamos hipotecarios y otros préstamos garantizados con activos. Mediante estas reformas se pretende mejorar la calidad de las carteras de préstamos de los bancos, reduciendo el impacto de los activos morosos en los márgenes de intermediación.
27. La política comercial se orientará a lograr una mayor apertura de la economía argentina mediante la consolidación del proceso de integración dentro del MERCOSUR al igual que con países de fuera de la región. En consonancia con este objetivo, el Gobierno se ha comprometido, con las autoridades de los demás países participantes, a eliminar los aranceles de importación sobre el comercio dentro del MERCOSUR antes del 1 de enero de 1999 y a derogar las exenciones al arancel externo común aplicable en el MERCOSUR, según lo permitido en el tratado, para el final del año 2000. Con efecto a partir del 1 de enero de 1998, el Gobierno reducirá a 0,5% la tasa de estadística aplicable a las importaciones, con lo cual se compensará el reciente incremento del arancel externo del MERCOSUR que, según lo programado, se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2000. La tasa de estadística residual contribuirá a sufragar el costo de la inspección preembarque que se está implantando, costo que de otro modo debería ser soportado por los importadores. Según lo convenido con la OMC, se reducirá gradualmente el derecho específico sobre los textiles, y se ha fijado como meta eliminarlo para el año 2000. El régimen de salvaguardias en el marco del cual se aplica un derecho específico al calzado caduca el 31 de diciembre de 1999.
28. El Gobierno reconoce la importancia de la flexibilización del mercado de trabajo a fin de promover la competitividad de la economía y el crecimiento sostenido del empleo. Con ese propósito, el Gobierno seguirá haciendo todo lo posible para obtener un fallo favorable de la Corte Suprema para los decretos promulgados en diciembre de 1996, mediante los cuales se flexibilizan diversos aspectos de la legislación laboral. Al mismo tiempo, está procurando la puesta en vigor, antes de mediados de 1998, de una reforma más amplia de la legislación laboral, que incluiría: a) modificaciones del sistema de indemnizaciones por despido a fin de reducir significativamente el costo de los despidos; b) la eliminación de ciertos contratos de trabajo temporario (contrataciones promovidas); c) la eliminación gradual de la cláusula de ultra-actividad, que extiende indefinidamente los convenios de trabajo si los sindicatos y los empleadores no llegan a un acuerdo sobre su modificación; d) la eliminación gradual de los estatutos laborales especiales; e) la descentralización de las negociaciones laborales, y f) el estímulo de la competencia entre las obras sociales. Durante el período de vigencia del acuerdo ampliado, el Gobierno procurará introducir nuevas reformas del mercado laboral, para lograr una mayor flexibilización y facilitar la adaptación de los convenios colectivos a las condiciones sectoriales y regionales. Con la asistencia del BID, el Gobierno también fortalecerá los programas de capacitación y reconversión profesional para facilitar la absorción (o reabsorción) laboral de los trabajadores que hayan perdido su empleo.
29. En lo que atañe a la atención de la salud, se está llevando a cabo un programa de amplio alcance que prevé reformas de las obras sociales, el sistema de seguros médicos para jubilados y pensionados (PAMI), las organizaciones privadas de seguros médicos y los hospitales públicos. El proyecto de reforma se centra en el mejoramiento de los servicios primarios y preventivos de atención de la salud, la contención de la demanda de servicios hospitalarios de alto costo y el fomento de la eficiencia en la prestación de los servicios médicos. Se espera que la reestructuración de las obras sociales administradas por los sindicatos, iniciada en 1996 con asistencia técnica y financiera del Banco Mundial, quede concluida antes del final de 1998. Se prevé emprender en 1998 un programa de reestructuración similar en las obras sociales provinciales. La reestructuración del sistema de seguros médicos para jubilados y pensionados (PAMI), que también se está llevando a cabo con la asistencia del Banco Mundial, quedará concluida antes del final de 1998. Este programa abarca el fortalecimiento de los controles administrativos, la redistribución de los recursos humanos, la subcontratación de algunos servicios de atención médica con empresas que operan a menor costo, y la regularización de la situación financiera del PAMI. En lo que atañe a las organizaciones privadas de seguros médicos, se están preparando normas que se aprobarán a principios de 1998 con el objeto de mejorar la calidad de los servicios y reducir el riesgo de insolvencia financiera. También se están adoptando medidas para otorgar mayor autonomía a la administración de los hospitales públicos y establecer una mayor responsabilización de los administradores, y se están desarrollando mecanismos para mejorar la prestación de servicios ambulatorios a menor costo. Recientemente se ha creado un registro de familias con cobertura médica, mediante el cual se facilitará el rembolso a los hospitales públicos de los servicios que éstos presten.
30. El Gobierno está analizando con la Corte Suprema y el Congreso las medidas que se aplicarán para adaptar el funcionamiento del Poder Judicial a las nuevas exigencias impuestas por la transformación que ha tenido lugar en el país en los últimos años. Se espera que próximamente el Congreso apruebe las reformas judiciales contempladas en la Constitución de 1994, entre las que se incluyen la creación de un Consejo de la Magistratura independiente que controlará la designación de los jueces y supervisará sus actividades, así como la modernización de la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Defensor Público. Asimismo, es intención del Gobierno prestar asistencia a las provincias en la modernización de sus respectivos sistemas judiciales. Como parte de los esfuerzos encaminados a modernizar el Poder Judicial según lo descrito precedentemente, se están adoptando medidas (entre las que se incluye un proyecto piloto) para acelerar la resolución judicial de los procesos por cobro de impuestos y reformar los códigos legales y de procedimiento con el objeto de facilitar la ejecución de las garantías financieras personales y reales. Además, se están tomando medidas a fin de fortalecer la capacidad del Gobierno Nacional para entablar juicios. Estas reformas se están elaborando y se aplicarán con la asistencia técnica y financiera del Banco Mundial y el BID.
31. El Gobierno ha emprendido un proyecto de amplio alcance para mejorar la base estadística del país. Además de los compromisos que ha asumido la Argentina al acogerse a las normas especiales para la divulgación de datos, se asignará especial importancia en los próximos dos años a: a) una revisión de las estadísticas de balanza de pagos, que incluirá la estimación de los activos que el sector privado no financiero mantiene en el exterior y una información más exhaustiva de los pasivos externos de este sector; b) la realización de nuevas encuestas de hogares para mejorar las estadísticas de empleo y aumentar su frecuencia; c) la preparación de una matriz de insumo-producto con los datos de 1997, y d) el mejoramiento de la compilación y divulgación de datos sobre las finanzas públicas provinciales.
32. El objetivo del Gobierno es limitar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (según la definición del FMI) a alrededor del 3,8% del PBI en 1998. Este resultado sería coherente con un déficit comercial no superior a US$5.000 millones en 1998. Si en cualquier mes durante 1998 el déficit del comercio de mercaderías acumulado sobre un período de 12 meses (considerando las importaciones en valores c.i.f.) excediera de ese monto, el Gobierno, en consulta con los funcionarios del FMI, adoptará las medidas correctivas y/o las medidas de política crediticia que resulten apropiadas.
33. La política fiscal se encaminará a reducir el déficit del gobierno federal, según se define en el presupuesto nacional para 1998, de una cifra proyectada en Arg$4.500 millones en 1997 a Arg$3.500 millones en 1998. Para lograr que el crecimiento del ingreso fiscal sea coherente con este objetivo, si la suma acumulada de los ingresos tributarios y las contribuciones de seguridad social resultara inferior a Arg$12.750 millones al finalizar el primer trimestre, o a Arg$26.700 millones al finalizar el segundo trimestre, el Gobierno celebrará consultas con los funcionarios del FMI sobre las medidas apropiadas para contrarrestar la insuficiencia. Se proyecta que el déficit de los gobiernos provinciales, incluidos los fondos fiduciarios provinciales relacionados con el FONAVI y la venta del BHN, se mantendrá en un nivel de alrededor de Arg$800 millones en 1998. En consonancia con estos objetivos fiscales, se ha fijado como meta que el aumento de la deuda total del sector público no excederá de Arg$5.700 millones y que el componente a corto plazo de dicha deuda no excederá de Arg$2.000 millones en 1998.
34. En el programa monetario para 1998 se supone un aumento de la base monetaria de 8,4% (coherente con el aumento proyectado del PBI nominal, cierto grado de remonetización y el incremento neto de los requisitos de liquidez al 20% programado para febrero de 1998). Según las proyecciones, las reservas internacionales netas del Banco Central aumentarán US$2.600 millones. Con respecto a los activos internos netos del Banco Central se ha fijado como meta una disminución de Arg$800 millones.
35. El programa de reformas estructurales para 1998 incluye: a) la presentación al Congreso de la reforma tributaria mencionada en el párrafo 12 antes del 30 de junio de 1998, previéndose que dicha reforma recibirá la sanción del Congreso antes del final de 1998; b) la ejecución del programa de fortalecimiento de la administración tributaria; c) las reformas de las operaciones presupuestarias mencionada en el párrafo 14; d) la concesión de los aeropuertos, las frecuencias de telecomunicaciones y las centrales de energía eléctrica; e) la conclusión de la reforma de la ANSeS mencionada en el párrafo 19; f) las medidas mencionadas en el párrafo 20 para lograr mayor eficiencia en los servicios públicos y mejorar la calidad de la gestión pública; g) la revisión del régimen jurídico de los instrumentos financieros derivados, según lo mencionado en el párrafo 26; h) la entrada en vigor de la reforma laboral esbozada en el párrafo 28 antes del 30 de junio de 1998; i) la conclusión de la reestructuración de las obras sociales a tenor de los compromisos asumidos en los préstamos del Banco Mundial, la reglamentación de las empresas privadas de servicios médicos y la iniciación de la reforma del sistema de hospitales públicos, según lo mencionado en el párrafo 29, y j) las medidas encaminadas a acelerar la resolución judicial de las casos sobre impuestos y créditos, mencionadas en el párrafo 30. El avance que se logre en la consecución de éstas y las demás reformas a que se hace referencia en los párrafos precedentes se evaluará durante las revisiones del programa con el FMI, previstas para septiembre de 1998 y marzo de 1999. En esta última también se incluirá el programa económico detallado para 1999.
Argentina: Criterios cuantitativos de ejecución para 1998–2000
| Dic.1997 | Dic.1997 | Dic.1997 | Dic.1997 | Dic.1997 | Dic.1997 | |
| Mar. 1998 | Jun. 1998 | Sep.1998 | Dic. 1998 | Dic.1999 | Dic.2000 | |
| Programa | Programa | Programa | Programa | Programa | Programa | |
| (Millones de pesos o dólares de EE.UU.) | ||||||
| Déficit (-) acumulado gobierno federal (1) | -1,400 | -1,800 | -2,750 | -3,500 | -2,650 | -1,000 |
| Variación acumulada de los activos internos netos del Banco Central (2) | -470 | -530 | -800 | -800 | … | … |
| Desembolsos netos acumulados de externa e interna del sector público (3) | 2,900 | 5,200 | 6,800 | 5,700 | … | … |
| Incremento neto acumulado de la deuda a corto plazo plazo del sector público (4) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | … | … |
| Metas indicativas | ||||||
| Tope acumulado a los gastos del gobierno federal, excluidos los intereses (5) | 10,200 | 19,450 | 29,550 | 38,800 | … | … |
| Déficit combinados del gobierno federal y los gobiernos provinciales (6) | … | -2,175 | … | -4,250 | -3,250 | -1,200 |
2) Los activos internos netos (AIN) del BCRA se definen como la diferencia entre los pasivos monetarios y las reservas internacionales netas (RIN) del BCRA, ambos medidos en base a los datos de fin del período. Los pasivos monetarios incluyen la emisión monetaria, las reservas legales de los bancos, los requisitos de liquidez constituidos en el BCRA (operaciones de pase pasivas) y los depósitos del sector público (gobierno y ANSeS) en el BCRA. Las RIN se definen como las reservas internacionales líquidas brutas del BCRA menos los pasivos externos, y se valorarán a los tipos de cambio vigentes el 31 de diciembre de 1997. Las reservas internacionales líquidas brutas incluyen las tenencias del BCRA de oro, DEG, moneda extranjera en efectivo, en depósitos en el exterior y en títulos públicos de países de la OCDE clasificados en la categoría de riesgo no especulativo (investment grade), y el saldo neto de la Argentina en el marco del sistema de compensación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), pero excluyen los bonos del Estado en poder del Banco Central. El tope se ajustará hacia arriba en el equivalente de toda compra al FMI en el marco de este acuerdo. La medición de los activos internos netos correspondiente a diciembre de 1998 se ajustará hacia abajo hasta un máximo de Arg$200 millones teniendo en cuenta las necesidades temporarias de liquidez reflejadas en un aumento equivalente de los pases activos con respecto a los niveles de fin de septiembre de 1998.
3) El saldo total de la deuda del sector público incluye todas las obligaciones y garantías del sector público nacional y las empresas públicas denominadas en moneda extranjera y en pesos argentinos (incluidos los recursos obtenidos para constituir los fondos fiduciarios), y las obligaciones de los gobiernos provinciales, el BCRA y otros bancos oficiales frente a organizaciones multilaterales. El límite incluye los desembolsos de préstamos relacionados con las Obras Sociales, el PAMI, las cajas de jubilaciones provinciales, el Fondo de Reconversión Laboral, el FONAVI, la liquidación de la deuda del PAMI y el INDER, así como los préstamos puente relacionados con la venta del BHN. No incluye la deuda emitida para consolidar atrasos internos como consecuencia de sentencias judiciales ni los empréstitos del Banco de Comercio Exterior (BICE). La medición de los resultados se ajustará hacia abajo (hacia arriba) teniendo en cuenta toda insuficiencia (exceso) de los ingresos por privatizaciones (excluida la privatización del BHN) con respecto a los previstos en el programa. Los datos utilizados para controlar la evolución de la deuda externa e interna se extraerán del sistema de notificación de la deuda (SIGADE) y de las cuentas de balanza de pagos. El total de la deuda se valorará a los tipos de cambio de 1997 y se medirá al fin del período. La medición de la deuda correspondiente a diciembre de 1998 se ajustará hacia abajo teniendo en cuenta todo endeudamiento, hasta un máximo de US$2.000 millones, relacionado con las necesidades de financiamiento para 1999 depositado en el BCRA.
4) El tope incluye la variación neta de toda deuda interna y externa del Estado o con garantía del Estado con vencimiento a un año o menos. Incluye la deuda del Banco Central a corto plazo pero no la deuda ordinaria a corto plazo relacionada con el comercio exterior.
5) En este tope no se incluyen el gasto en transferencias a las provincias correspondientes a ingresos coparticipados, los montos mínimos garantizados, ni las transferencias establecidas por leyes especiales (corrientes y de capital).